El anuncio del Gobierno de externalizar la gestión on-line de los principales servicios de la Seguridad Social -p.e. afiliación, prestaciones, vida laboral o pensiones-, a través de un concurso de 70,2 millones de euros, supone un ejercicio de privatización de baja intensidad de este servicio público. Prácticamente sin riesgos, las empresas adjudicatarias harán negocio con lo público bajo un modelo que les permitirá contratar barato -gracias a la actual reforma laboral-, mientras que la dependencia de la Seguridad Social hacia los productos externalizados significará un negocio duradero para las empresas privadas. Lástima de esos millones que podrían haberse dedicado a la creación de empleo público. |
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