La criminalización del enlace supone la última propuesta del ministro de Justicia para la reforma del Código Penal. De aprobarse tal cambio, un enlace a cualquier obra protegida por derechos de autor podría suponer una pena de seis años de prisión. Una pena del todo ridícula y desproporcionada que tan sólo sirve para contentar a la industria de contenidos -fundamentalmente las grandes distribuidoras estadounidenses-, convertido en un poderoso lobby que trasciende las fronteras de la gran potencia mundial. |
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