La renovación de títulos nobiliarios a descendientes de los cómplices de la dictadura fascista que sufrió España durante casi cuatro décadas es un claro síntoma del déficit democrático que sigue adoleciendo la sociedad española.
Los medios de información se han encargado de recordarnos, año tras año, que España es un Estado democrático, condición que alcanzó gracias a un proceso de transición calificado de ejemplar, capaz de sobrevivir a un oscuro intento golpe de Estado cuyos interrogantes fueron guardados bajo la alfombra del silencio. Aquella transición modélica suponía -nos llevan contando desde entonces- el final de las dos Españas, aunque a costa de renunciar a demasiadas cosas. Al fin y al cabo, todo había quedado "atado y bien atado".
Sin embargo, parece que las dos Españas siguen existiendo, al menos en cuanto a privilegios. Aún la España de los vencidos, la de los exiliados políticos, la de los nietos de los fusilados en cunetas, apenas tiene voz, la de los vencedores, la de los cómplices de Hitler y Mussolini, ve intactos los privilegios conseguidos a base de sangre y traición. Mientras queden cuerpos de represaliados en cunetas españolas, jamás podrá hablarse de punto final, de una sola España.
La memoria histórica es un derecho de actuales y futuras generaciones para poder comprender su pasado y, sobre todo, la configuración del presente que a cada uno toca vivir. Sin embargo, molestó a gente tan poderosa, con tanto que ocultar, que los recuerdos agregados a aquella memoria quedaron en inucias comparadas con lo que los ciudadanos merecíamos conocer. Cuánta justicia tendría que ser administrada en caso de probarse casos de abusos de poder, revanchismos, masacres, violaciones de derechos humanos. Cuántas fortunas tendrían que explicar su capital, en caso de demostrarse que se enriquecieron a base de apropiarse de los bienes de algún vecino acusado de rojo o, directamente, a partir de botines de guerra. Por si acaso, el único juez que se atrevió a indagar con profundidad en el asunto acabó puesto fuera de circulación. Como dijo en su día Gerardo Iglesias, "la transición española sólo fue modélica en su impunidad"[1].
No se podrá hablar de transición modélica en una España en la que se sigue negando incluso el derecho de los vencidos a homenajear debidamente a sus defensores[2]. Mientras tanto, los descendientes de los generales cómplices del golpe de Estado contra el Gobierno democrático de 1936 ven renovar sus privilegios. Entre aquéllos se encuentran los títulos nobiliarios con los que Franco, el general golpista convertido a posteriori en Jefe de Estado, premiase a sus más cercanos colaboradores en aquella guerra y la posterior represión. Así, el actual Gobierno decide renovar el título de marqués al nieto de Queipo de Llano[3], a quien se atribuye la muerte de miles de personas en la toma de Andalucía durante la Guerra Civil.
No vale con justificar tales decisiones a base de minimizarlas como algo "simbólico". Precisamente es este aspecto el que demuestra el déficit democrático que sufre España, cuando hoy en día siguen vigentes los 39 títulos nobiliarios creados por el dictador[4]. Las heridas del pasado no se cierran a base de olvido, sino de reparación, una reparación a la que no ayuda la existencia de títulos, reconocidos por el Estado, otorgados como premios a los protagonistas de un episodio negro de este país. En Alemania o Italia sería impensable algo así.
[1] http://www.lne.es/club-prensa/2012/01/17/gerardo-iglesias-transicion-espanola-modelica-impunidad/1185231.html
[2] http://www.publico.es/espana/448319/futuro-incierto-del-monumento-a-las-brigadas-internacionales-de-la-complutense
[3] http://www.larepublica.es/2013/01/el-gobierno-justifica-la-renovacion-del-marquesado-al-asesino-fascista-queipo-de-llano/
[4] http://www.publico.es/espana/248484/erc-pide-acabar-con-la-nobleza-que-creo-franco
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