Los recientes sucesos en la Universidad de Cádiz, donde la actuación sin permiso del Rector de un grupo de policías antidisturbios puso en peligro la integridad cientos de alumnos presentes en el recinto recibiendo sus clases, suponen una violación del principio de autonomía universitaria. Es importante que el asunto no caiga en el olvido y la sociedad exija las responsabilidades pertinentes.
Hay situaciones que no tendrían que repetirse jamás. Cuando la mayoría de los ciudadanos creíamos que la imagen de policías antidisturbios irrumpiendo en un edificio universitario, porra y escudo en mano, era cosa de un pasado teñido de gris, la historia vuelve a repetirse a principios de 2012. En síntesis, el 12 de enero se produjo una carga policial injustificada dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz que se saldó con la detención de un alumno y lesiones a varias de las personas allí presentes.
No hay en absoluto justificación para la irrupción de ningún cuerpo de seguridad en un recinto privado sin que medie orden judicial, constatación de un delito flagrante o denuncia del titular del recinto. Tal como explica públicamente el Rector, máxima autoridad de la Universidad de Cádiz, “desde la UCA ni se solicitó presencia policial alguna ni se demandó en ningún momento la intervención de los agentes”[1], por lo que no hubo motivos para tal intervención, la cual incluso pudo haber ido a mayores habida cuenta de la presencia de numerosos alumnos que a esas horas asistían a clase con normalidad.
Aquel día tuvo lugar una conferencia impartida por el magistrado Fernando Grande-Marlaska y el periodista José María Ridao, que formaba parte del ciclo “Diálogos sobre la Libertad” que organizan el Consorcio del Bicentenario y la Asociación de la Prensa de Cádiz con motivo de la celebración del bicentenario de la Constitución de 1812. Un grupo de personas acudió al acto para explicar al juez el desalojo que habían sufrido el día anterior del centro social y cultural en el que habían convertido un edificio abandonado, aunque en perfectas condiciones de habitabilidad. A pesar de la natural sorpresa de los ponentes ante la interrupción que supuso tal acción, éstos invitaron a aquellas personas a quedarse el resto de la ponencia para luego, una vez llegados al turno de libre palabra, darles la oportunidad de intervenir para explicar con más detalle la problemática del desalojo.
Lo que podía haber quedado como mera anécdota, además de una constructiva charla entre ciudadanos y el juez Grande-Marlaska, quedó ensombrecido por la actuación de la Policía Nacional dentro del recinto universitario, que comenzó a pedir documentación a los presentes en las inmediaciones del Aula Magna de la Facultad. Según explicaron numerosos testigos allí presentes, entre ellos profesores y demás personal de la Universidad, poco después se produjo la irrupción de un grupo de antidisturbios que comenzó a cargar con el resultado que ya sabemos[2].
Es importante señalar la indignación que tales hechos han producido en la comunidad universitaria. Aunque lo deseable hubiera sido la realización de una denuncia en los juzgados, la Universidad de Cádiz, a través de su Rector y el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, pidió explicaciones sobre tales acciones a la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Cádiz “para que explique quién autorizó la presencia de la policía y su intervención en el interior de un centro universitario e inicie el procedimiento administrativo al que hubiera lugar”[3].
Ante la gravedad de tales hechos, se ha echado en falta un mayor eco por parte de los medios de comunicación, fundamentales para hacer llegar a la opinión pública esta vulneración de la autonomía universitaria. Hay que señalar al respecto que la autonomía universitaria es un derecho recogido en el artículo 27 sección 10 de la Constitución Española, a su vez desarrollado en la Ley Orgánica 6/2.001, conocida como Ley Orgánica de Universidades. Este derecho tiene sus raíces en el Medievo, a partir de la Bula Papal “Parens Scientiarum” promulgada por el Papa Gregorio IX en 1231, que condicionaba la entrada de cualquier fuerza armada en el interior de los recintos universitarios al permiso tácito del Rector. Incluso en la época de la dictadura del General Franco este derecho fue en muchas ocasiones respetado y, cuando no era así, utilizado por la comunidad universitaria para protestar; por ejemplo, en 1957 llegó a exigirse la dimisión del entonces Ministro de Educación[4].
La razón de ser de la autonomía universitaria estriba en la necesidad de asegurar la libertad de cátedra y la independencia de la Universidad respecto a cualquier autoridad externa. Este derecho se aplica en la actualidad en la mayoría de los países del mundo, incluso los que solemos señalar como menos democráticos. Ahí tendríamos, por ejemplo, el caso de Egipto, donde en 2005 la Corte Suprema sentenció la imposibilidad para la policía de entrar en las universidades del país sin autorización expresa del rector correspondiente.
En un estado de derecho, como el estado español, no pueden tolerarse acciones que empañen los valores democráticos más básicos, y mucho menos a partir de acciones ordenadas desde las administraciones públicas. En aras de la salud democrática es fundamental que se aclaren los hechos y se depuren las responsabilidades pertinentes pero, sobre todo, la ciudadanía no puede permanecen impasible ante hechos así. Desde el momento en que los ciudadanos dejamos de prestar atención a hechos tan graves, o los justificamos con un simple “algo habrán hecho los otros”, renunciamos al concepto más básico de justicia social y pasamos a ser cómplices de una intolerable degradación de un estado de derecho en el que la participación para su continua mejora tendría que ser obligación de todos.
[1] Comunicado de la Universidad de Cádiz. 13 de enero de 2012.
[2] Comunicado Oficial de V.R. sobre los graves hechos ocurridos el la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz. 13 de enero de 2012.
[3] Comunicado de la Universidad de Cádiz.Op. Cit.
[4] Arasa, D. (2008): Historias curiosas del franquismo, 244-245.
Esto es increíble e inaceptable para un país que se autodenomina democrático. Gracias por el post, sin el cual yo no me habría enterado de los hechos, a pesar de ser una fiel lectora de los periódicos.
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